La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y la ministra de Prisiones, Iris Valera, fueron las primeras dos altas funcionarias que pusieron el grito en el cielo por las sanciones impuestas por la Administración Obama para castigar la represión de las protestascelebradas en el país a lo largo de 2014. Ortega y Valera propusieron como respuesta la quema del visado de entrada en Estados Unidos en sus pasaportes y la convocatoria de una «manifestación antiimperialista» contra lo que, con obvia exageración, denominan el «bloqueo financiero» contra el país.
Pero pocos empleados públicos acudieron a la convocatoria antiimperialista. Tampoco tiraron sus pasaportes a la hoguera para quemar el visado norteamericano. A fin de cuentas las sanciones no van contra ellos ni afecta a toda Venezuela, como es el caso del embargo que vive Cuba desde hace casi 53 años. Las sanciones de Obama contra Venezuela se centran fundamentalmente en los altos funcionarios vinculados con la represión, en la élite del régimen que más se ha empleado en acogotar a la oposición.
Hay militares y funcionarios cuya principal preocupación es su bienestar material
«El objetivo de los militares no es el poder político, sino seguir dándoles continuidad a los negocios que ellos tienen, ya que han creado una nueva élite empresarial», afirma Diego Moya Ocampos, analista para América Latina de IHS Global Insight/IHS Jane's en declaraciones recogidas por el diario «El Nuevo Herald». Y, desde ese punto de vista, las medidas aprobadas por la Adminstración Obama «crean una situación en la que el que acumule mucho poder, el que brille más allá de lo que debe brillar, el que salga a reprimir para defender al Gobierno, en vez de salir recompensado, como lo hemos visto en el pasado, simplemente va a quedar expuesto a más sanciones».
La fiscal general, Luisa Ortega, y la ministra de Prisiones, Iris Varela, formarían parte de una selecta lista de entre 56 y 200 altos cargosafectados por las sanciones impuestas por Estados Unidos por violación de los derechos humanos. Medidas de castigo que van desde lasuspensión del visado de entrada hasta la congelación de las cuentas bancarias y propiedades y activosque tengan en territorio norteamericano.
Prisión y torturas
El Gobierno de Barack Obama tomó la decisión de castigar a los funcionarios venezolanos –civiles y militares– involucrados en las denuncias documentadas desde febrero pasado sobre la represión de las protestas de la oposición llevadas a cabo en este año, y en las quemurieron 43 personas, fueron heridas 2.500, y detenidos cientos de opositores, muchos de ellos torturados y maltratados según denunciaron las organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Pese a que Washington no muestra en público la lista de los sancionados, según es su tradicional costumbre, el senador republicanoMarco Rubio se encargó de dar a conocer una «minilista» de 26 sancionados entre los que figuran la fiscal Ortega, la ministra Valera y altos jefes militares, todos ellos destacadas figuras del régimen, pero también adictos a las compras de artículos de consumo en los centros comerciales de EE.UU..
Además de la revocación de su visado, los funcionarios venezolanos sancionables quedan sujetos a la expulsión de Estados Unidos, a la congelación de sus activos y bienes en territorio norteamericano y al bloqueo de sus cuentas internacionales en dólares. La abogada venezolana Thays Peñalver explica que las sanciones tendrán vigencia durante los próximos dos años, tal y como sucede con medidas similares aprobadas contra Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria.
«La ley puede sancionar a empresas que vendan material de represión a Venezuela, pasando por intermediarios venezolanos o internacionales. Puede sancionar a los banqueros que transfirieron fondos en dólares para la compras de material militar o policial con el que se haya violado los derechos humanos. Y puede sancionar a quien dio la orden política de la represión y a quien acató militar y policialmente esa orden, incluidos jueces, fiscales y testaferros», aclara Peñalver.
El líder de la alianza ha expresado su apoyo abierto a las sanciones
Así las cosas, la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha expresado su abierto apoyo a las sanciones. «La MUD, así como rechaza cualquier sanción contra el país, respalda de manera clara cualquier diligencia que haga cualquier Parlamento y Gobierno en el mundo para censurar, para condenar y castigar, a violadores de los derechos humanos», ha declarado su secretario ejecutivo,Jesús «Chuo» Torrealba, quien insistió en que «los sancionables no son todos los venezolanos, ni siquiera son todos los funcionarios, sino aquellos miembros del Gobierno presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos que además tengan bienes y visado en Estados Unidos».
Al conocer estas declaraciones, el partido chavista amenazó con denunciar y preparar acciones legales contra Torrealba por «traición a la patria». «Lamentablemente la oposición venezolana, a través del secretario ejecutivo de la MUD, está diciendo que respalda la intervención extranjera y la agresión contra el pueblo venezolano», advirtió la diputada del PSUV Blanca Eekhout, quien asimismo ha considerado «vergonzosa la posición de una oposición que hoy se arrodilla ante un Gobierno extranjero y aplaude acciones contra el pueblo venezolano», según informó la cadena pública Venezolana de Televisión (VTV). No obstante, en declaraciones a ABC, «Chuo» Torrealba sostiene que «la violación de los derechos humanos es undelito que no prescribe y no conoce fronteras». Motivo por el que insiste en su apoyo a las sanciones contra responsables de la represión.
«Los sancionables usan el discurso patriotero para intentar evadir el castigo. Pero la sanción más dura se la dará el pueblo. ¡Obama quizá les quite las visas, pero el pueblo venezolano seguro que les quitara el poder!», subrayó.
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