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sábado, 27 de diciembre de 2014

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y la ministra de Prisiones, Iris Valera, fueron las primeras dos altas funcionarias que pusieron el grito en el cielo por las sanciones impuestas por la Administración Obama

La fiscal general de VenezuelaLuisa Ortega Díaz, y la ministra de Prisiones, Iris Valera, fueron las primeras dos altas funcionarias que pusieron el grito en el cielo por las sanciones impuestas por la Administración Obama para castigar la represión de las protestascelebradas en el país a lo largo de 2014. Ortega y Valera propusieron como respuesta la quema del visado de entrada en Estados Unidos en sus pasaportes y la convocatoria de una «manifestación antiimperialista» contra lo que, con obvia exageración, denominan el «bloqueo financiero» contra el país.

Pero pocos empleados públicos acudieron a la convocatoria antiimperialista. Tampoco tiraron sus pasaportes a la hoguera para quemar el visado norteamericano. A fin de cuentas las sanciones no van contra ellos ni afecta a toda Venezuela, como es el caso del embargo que vive Cuba desde hace casi 53 años. Las sanciones de Obama contra Venezuela se centran fundamentalmente en los altos funcionarios vinculados con la represión, en la élite del régimen que más se ha empleado en acogotar a la oposición.

Hay militares y funcionarios cuya principal preocupación es su bienestar material

Pero las sanciones han puesto de manifiesto también que comienzan a socavar el apoyo del que goza el régimen entre funcionarios, militares y bases del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV). Hay chavistas fuertemente ideologizados, pero hay también muchos militares y altos funcionarios que sostienen al régimen por las oportunidades de negocio que les brindan. Y que ahora ven con inquietud creciente cómo peligra el futuro de su prosperidad material, según destacan analistas y opositores. Una situación que se ve, además, muy agravada por la grave crisis provocada por la caída de los precios del petróleo del que depende Venezuela económicamente.

«El objetivo de los militares no es el poder político, sino seguir dándoles continuidad a los negocios que ellos tienen, ya que han creado una nueva élite empresarial», afirma Diego Moya Ocampos, analista para América Latina de IHS Global Insight/IHS Jane's en declaraciones recogidas por el diario «El Nuevo Herald». Y, desde ese punto de vista, las medidas aprobadas por la Adminstración Obama «crean una situación en la que el que acumule mucho poder, el que brille más allá de lo que debe brillar, el que salga a reprimir para defender al Gobierno, en vez de salir recompensado, como lo hemos visto en el pasado, simplemente va a quedar expuesto a más sanciones».

La fiscal general, Luisa Ortega, y la ministra de Prisiones, Iris Varela, formarían parte de una selecta lista de entre 56 y 200 altos cargosafectados por las sanciones impuestas por Estados Unidos por violación de los derechos humanos. Medidas de castigo que van desde lasuspensión del visado de entrada hasta la congelación de las cuentas bancarias y propiedades y activosque tengan en territorio norteamericano.

Prisión y torturas

El Gobierno de Barack Obama tomó la decisión de castigar a los funcionarios venezolanos –civiles y militares– involucrados en las denuncias documentadas desde febrero pasado sobre la represión de las protestas de la oposición llevadas a cabo en este año, y en las quemurieron 43 personas, fueron heridas 2.500, y detenidos cientos de opositores, muchos de ellos torturados y maltratados según denunciaron las organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch Amnistía Internacional.

Pese a que Washington no muestra en público la lista de los sancionados, según es su tradicional costumbre, el senador republicanoMarco Rubio se encargó de dar a conocer una «minilista» de 26 sancionados entre los que figuran la fiscal Ortega, la ministra Valera y altos jefes militares, todos ellos destacadas figuras del régimen, pero también adictos a las compras de artículos de consumo en los centros comerciales de EE.UU..

Además de la revocación de su visado, los funcionarios venezolanos sancionables quedan sujetos a la expulsión de Estados Unidos, a la congelación de sus activos y bienes en territorio norteamericano y al bloqueo de sus cuentas internacionales en dólares. La abogada venezolana Thays Peñalver explica que las sanciones tendrán vigencia durante los próximos dos años, tal y como sucede con medidas similares aprobadas contra Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria. 

«La ley puede sancionar a empresas que vendan material de represión a Venezuela, pasando por intermediarios venezolanos o internacionales. Puede sancionar a los banqueros que transfirieron fondos en dólares para la compras de material militar o policial con el que se haya violado los derechos humanos. Y puede sancionar a quien dio la orden política de la represión y a quien acató militar y policialmente esa orden, incluidos jueces, fiscales y testaferros», aclara Peñalver.

El líder de la alianza ha expresado su apoyo abierto a las sanciones

El canciller, ex ministro de Petróleo y ex presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, en una entrevista con la cadena oficialista Telesur reconoció que las sanciones no causarán «ningún daño» a Venezuela en su conjunto, pero sí alertó de que fomentarían planes desestabilizadores. «Lo más grave de las sanciones de EE.UU. no tiene que ver con que vayan a causarnos ningún daño a nosotros, tiene que ver con que es un cheque en blanco, con que es un incentivo a los grupos que dentro de Venezuela están al margen de la ley y se ponen al margen de la Constitución», aseguró.

Así las cosas, la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha expresado su abierto apoyo a las sanciones. «La MUD, así como rechaza cualquier sanción contra el país, respalda de manera clara cualquier diligencia que haga cualquier Parlamento y Gobierno en el mundo para censurar, para condenar y castigar, a violadores de los derechos humanos», ha declarado su secretario ejecutivo,Jesús «Chuo» Torrealba, quien insistió en que «los sancionables no son todos los venezolanos, ni siquiera son todos los funcionarios, sino aquellos miembros del Gobierno presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos que además tengan bienes y visado en Estados Unidos».

Al conocer estas declaraciones, el partido chavista amenazó con denunciar y preparar acciones legales contra Torrealba por «traición a la patria». «Lamentablemente la oposición venezolana, a través del secretario ejecutivo de la MUD, está diciendo que respalda la intervención extranjera y la agresión contra el pueblo venezolano», advirtió la diputada del PSUV Blanca Eekhout, quien asimismo ha considerado «vergonzosa la posición de una oposición que hoy se arrodilla ante un Gobierno extranjero y aplaude acciones contra el pueblo venezolano», según informó la cadena pública Venezolana de Televisión (VTV). No obstante, en declaraciones a ABC, «Chuo» Torrealba sostiene que «la violación de los derechos humanos es undelito que no prescribe y no conoce fronteras». Motivo por el que insiste en su apoyo a las sanciones contra responsables de la represión.

«Los sancionables usan el discurso patriotero para intentar evadir el castigo. Pero la sanción más dura se la dará el pueblo. ¡Obama quizá les quite las visas, pero el pueblo venezolano seguro que les quitara el poder!», subrayó.

En tiempos de crisis, cárcel y amenazas a los opositores

L. V.
Leopoldo López, opositor encarcelado
El líder del partido opositor Voluntad Popular se encuentra en la cárcel desde el pasado febrero acusado de «instigar para delinquir». Fue la cara más visible de la protesta contra la corrupción y la crisis que sacudió a todo el país. El régimen no le perdona el papel que jugó en aquellas multitudinarias manifestaciones. Pese a las críticas internacionales, el chavismo no ha dado ninguna señal de que tenga la menor intención de liberarlo.
María Corina Machado, diputada amenazada
Junto a López, María Corina Machado fue la otra cara visible de la revuelta de este año. Fue imputada bajo la acusación de conspirar en una supuesta trama para asesinar a Maduro y cambiar el régimen. No hay ninguna prueba seria que acredite semejante barbaridad. Pero la amenaza es explícita. En cualquier momento puede ser encarcelada y se expone a una pena de hasta dieciséis años de cárcel. Esas amenazas, sin embargo, no han conseguido acallarla.
Jesús «Chuo» Torrealba, líder de la MUD, amenazado
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, organismo que aúna a la oposición) ha sido amenazado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, chavista) por apoyar las sanciones aprobadas por Washington contra responsables de la represión en el país. El PSUV ha anunciado que preparará acciones legales contra Torrealba, a quien acusan de «traición a la patria» y de apoyar «la intervención y la agresión extranjera».

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